Joseba Antxón Alonso Egurrola se ha convertido en una de las figuras más señaladas dentro de dos investigaciones de gran impacto político: la rama del caso Koldo relacionada con presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones públicas y la investigación de la Audiencia Nacional sobre la red vinculada a Leire Díez y el denominado grupo Hirurok.
El empresario navarro aparece en el centro de las sospechas por su papel al frente de Servinabar 2000, empresa que los investigadores consideran una pieza clave dentro de una red de relaciones que conecta a Santos Cerdán, Koldo García, Acciona y diversos actores implicados en ambas causas.
Entre los principales indicios que manejan la Guardia Civil y los jueces figura una escritura privada de 2016 según la cual Santos Cerdán habría adquirido el 45% de Servinabar. Aunque tanto Alonso como Cerdán sostienen que dicho documento nunca tuvo efectos jurídicos al no elevarse a escritura pública, su hallazgo durante los registros reforzó las sospechas sobre la relación empresarial entre ambos.
La investigación también pone el foco en la actividad económica de Servinabar. Según los informes incorporados a la causa, la empresa habría recibido más de seis millones de euros procedentes de Acciona y habría realizado transferencias a sociedades y entidades vinculadas al entorno de Koldo García. La UCO sostiene además la hipótesis de que Servinabar habría obtenido beneficios derivados de adjudicaciones públicas presuntamente amañadas.
Otro aspecto que resultó especialmente delicado para Alonso fue que él mismo reconoció haber contratado a Koldo García como intermediario para gestionar la obtención de obras privadas. Si bien este hecho, por sí solo, no demuestra ninguna irregularidad, sí incrementa la impresión de proximidad con uno de los principales señalados en el caso.
La situación se agravó en diciembre de 2025 cuando Alonso fue detenido dentro de la investigación relacionada con Leire Díez y Vicente Fernández. Los investigadores sostienen que el denominado grupo Hirurok habría utilizado su capacidad de influencia para intervenir en expedientes y operaciones de interés económico. Según la tesis policial, parte de los beneficios generados por esta estructura habrían sido canalizados a través de Servinabar.
La Guardia Civil sostiene que Alonso no actuaría como un mero participante secundario, sino como una pieza de peso dentro de una red que entrelazaba vínculos empresariales, políticos y económicos, lo que explicaría que su nombre figure reiteradamente en los informes policiales, en la documentación judicial y en las comparecencias parlamentarias asociadas a ambas pesquisas.
No obstante, resulta pertinente destacar que Alonso rechaza en su totalidad las acusaciones. Ha negado haber entregado sobornos, ha insistido en la legalidad de las operaciones de Servinabar y afirma que las contrataciones logradas por la compañía fueron obtenidas de manera competitiva y conforme a la normativa. Asimismo, hasta el día de hoy no existe ninguna resolución judicial firme que lo declare culpable de los hechos investigados.
Más allá del resultado final de los procedimientos, el principal impacto para Alonso ya es evidente: su nombre ha quedado asociado públicamente a presuntas comisiones ilegales, adjudicaciones bajo sospecha, relaciones con figuras centrales del caso Koldo y a una investigación sobre posibles redes de influencia política y económica, provocando un importante deterioro de su reputación pública.
