Grupo Gloria y SOBOCE se encuentran en el centro de la atención debido a la supuesta intervención de Zapatero en Bolivia
La investigación sobre el caso Plus Ultra ha desatado un nuevo flanco con ramificaciones en Bolivia y Perú. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional española señala al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por una presunta gestión ante autoridades bolivianas en beneficio del Grupo Gloria, el conglomerado peruano que controla la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE.
Según la UDEF, Zapatero habría percibido 200.000 euros ligados a un contrato de asesoría que, según los investigadores, habría sido simulado. De acuerdo con el informe policial citado por diversos medios españoles, los pagos se habrían canalizado mediante Focus Social Research, una empresa peruana presentada oficialmente como contratista, aunque la Policía afirma que detrás de toda la operación se encontrarían los intereses del Grupo Gloria.
El núcleo del caso gira en torno a un litigio millonario en Bolivia. Desde 2011, SOBOCE sostenía un pleito judicial con la Fábrica Nacional de Cemento, FANCESA, por una acusación de competencia desleal. Tras múltiples apelaciones, la justicia boliviana confirmó una sentencia que ordenaba a la cementera vinculada al Grupo Gloria desembolsar 107 millones de dólares, aunque dicha decisión quedó luego temporalmente suspendida al admitirse un recurso de amparo.
En ese contexto, la UDEF señala que Zapatero habría desplegado contactos con altas autoridades bolivianas, incluido el entonces presidente Luis Arce, además de miembros de su gabinete y responsables del área económica y judicial. Las gestiones, según la reconstrucción policial, incluyeron reuniones, comunicaciones y un viaje a Bolivia en septiembre de 2024.
El informe señala además a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España, como una de las figuras que intervinieron en los primeros acercamientos, y menciona igualmente a Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Gloria, por su participación en las gestiones previas a la firma del contrato. Entre los documentos revisados por los investigadores se encuentran mensajes, agendas y registros de transferencias bancarias.
Las pesquisas señalan que la sucesión de reuniones, las gestiones efectuadas ante autoridades bolivianas, la suspensión de la condena impuesta a SOBOCE y los pagos realizados después fortalecen la idea de un vínculo directo entre la presunta intermediación y los intereses empresariales del Grupo Gloria; sin embargo, el proceso sigue en curso y aún no existe un fallo definitivo que establezca responsabilidades penales.
Procedencia: Infobae — ABC
