Un juzgado ubicado en Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados una condena consistente en abonar más de 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón, derivado de una disputa por contrato. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.
El conflicto judicial entre Roberto Arzú García-Granados y el consultor político Juan José Rendón, conocido como JJ Rendón, comenzó con una relación profesional vinculada a las aspiraciones presidenciales del político guatemalteco.
En febrero de 2016, Arzú estableció contacto con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que potenciara su figura pública ante una posible postulación presidencial.
Tras concluir el noviazgo en medio de un conflicto por el incumplimiento de las obligaciones financieras pactadas, el caso escaló hasta los tribunales de Estados Unidos.
El contrato político que terminó en una demanda millonaria
Según los escritos del procedimiento judicial, el pacto contemplaba labores de consultoría estratégica y relaciones públicas.
El 15 de noviembre de 2016, la firma JJ Rendón & Associates Strategic Creativity promovió una demanda contra Roberto Arzú ante los tribunales del condado de Miami-Dade, Florida, argumentando un incumplimiento de contrato.
La compañía exigía la liquidación de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial que unía a ambas entidades.
Según documentación divulgada por la prensa guatemalteca, el acuerdo original establecía un pago inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016 y desembolsos posteriores hasta completar aproximadamente 5,2 millones de dólares durante el año siguiente.
El vínculo entre el político y el asesor se fue desgastando conforme surgieron discrepancias en torno a las contraprestaciones económicas y los servicios acordados.
El 11 de octubre de 2018, el órgano judicial emitió un fallo que fijó una condena dineraria de US$5,5 millones, además de US$660.594,22 por concepto de réditos devengados, alcanzando una cifra global de US$6.160.594,22.
La resolución judicial también contemplaba la acumulación de intereses legales posteriores a la sentencia.
El pleito se transformó de este modo en una de las disputas mercantiles y legales de mayor trascendencia ventiladas ante la opinión pública a lo largo de la primera carrera presidencial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia a raíz de la orden emitida por la corte norteamericana para que Arzú se presentara a solventar trámites vinculados con el cumplimiento del fallo.
En el transcurso del mes de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el procedimiento civil.
Conforme a los registros judiciales, Arzú faltó a la cita del 17 de abril, desatendiendo un mandato dictado con anterioridad el día 4 de ese mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, emitió una orden de detención contra Roberto Arzú por desacato civil, ejecutable si era localizado dentro del estado de Florida.
El fallo dictaminaba que, si resultaba arrestado, tendrían que ponerlo a disposición de un magistrado en el transcurso de las 24 horas siguientes para dar seguimiento al trámite pertinente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a rendir una declaración con el fin de agilizar el cumplimiento del fallo.
Es importante distinguir que la orden se originó en un proceso civil por incumplimiento contractual y no constituía una condena penal por un delito.
El texto judicial se dio a conocer públicamente en abril de 2019, época en la que Arzú realizaba su campaña proselitista rumbo a la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse el fallo de la justicia, Roberto Arzú desmintió públicamente los señalamientos y afirmó que el litigio respondía a intereses políticos.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le habían notificado la citación para presentarse ante la corte de Miami, al tiempo que recalcó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón argumentó la existencia de un pacto contractual y señaló que Arzú había incumplido los compromisos financieros adquiridos.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
El escándalo abarcó asimismo diálogos confidenciales que más tarde salieron a la luz a través de la prensa.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban pactos financieros vinculados al contrato de consultoría estratégica.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de la documentación del juicio, ambos conservaban al principio un trato amable.
A pesar de ello, los textos evidenciaban un desgaste paulatino en la relación comercial, consecuencia de los obstáculos para materializar los abonos exigidos.
Asimismo, los mensajes mostraban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que trataba de zanjar los desacuerdos financieros.
La difusión de estas conversaciones sumó nuevos matices a la polémica, sobre todo porque el aspirante había afirmado ante la opinión pública que jamás se formalizó un acuerdo definitivo de prestación de servicios.
Una disputa legal que impactó en su estreno como aspirante a la presidencia
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la opinión pública durante la contienda electoral de 2019.
Tras formar parte de la alianza electoral junto a Podemos, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) ratificó su apoyo al aspirante, subrayando que la controversia se circunscribía al ámbito de un proceso civil.
El litigio dejó al descubierto profundas discrepancias entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano respecto al propósito del pacto, las responsabilidades financieras y las prestaciones acordadas.
Los archivos de los tribunales en Florida recogieron tanto la resolución civil como el mandato de arresto subsecuente por desobediencia. Pese a esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por cuenta propia el desenlace del proceso de cobro o la situación de los compromisos financieros.
El episodio constituye uno de los principales antecedentes judiciales internacionales de Roberto Arzú y forma parte de las controversias que acompañaron su incursión en la política presidencial guatemalteca.
Orígenes
Fallo civil de Miami-Dade — Archivo disponible en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Respuesta de Roberto Arzú al proceso en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas entre Roberto Arzú y JJ Rendón
