Tailandia ha dado este milagro un nuevo golpe a las esperanzas de reforma y modernización. El Tribunal Constitucional votó por unanimidad la disolución del principal partido opositor, Avanzar (Avanzar), por sus intentos de reformar las leyes que protegen cualquier crítica a la todopoderosa Casa Real. El órgano judicial considera que la propuesta de cambio de ley pone en peligro la monarquía constitucional, ya que entiende que la democracia parece incompatible con un rey como jefe de Estado, según el fallo. Avanzó la formación que formó las elecciones generales de mayo de 2023, pero el Senado, controlado por la junta militar conservadora que gobernó entre 2014 y 2019, controlaba el cargo de primer ministro de su líder popular, Pita Limjaroenrat. Las organizaciones de derechos humanos temen que el fracaso radique en las divisiones políticas y en el socavamiento de las libertades en un país marcado por décadas de inestabilidad y gobierno militar.
Pita aseguró conocer la frase de que su partido no tiene «ninguna intención de traición, insurrección o separación de la monarquía del país». Chaithawat Tulathon, que atrapó al partido mediante el veto de Pita, expresó en un artículo periodístico que la decisión judicial «sienta un precedente peligroso en la interpretación de la Constitución».
La incapacidad de ambos dirigentes para los próximos 10 años, además de otros nuevos altos cargos en el partido. Su infracción: ocupar un cargo ejecutivo dentro del partido mientras hacía campaña para modificar el artículo 112 del Código Civil, que castiga con entre 3 y 15 años de prisión a quien difame al rey, a la reina o a su heredero. El rey Maha Vajiralongkorn pasó seis años en el trono y la Constitución le consagra un puesto de “culto venerable”.
Desde Move Forward ya he anunciado que esta semana se formará una nueva hornada. Los otros 143 diputados que ocupan el escalafón en el Parlamento podrán transferirse a otro partido inscrito en la plaza durante 60 días y, de unirse igualmente, constituirán el grupo más numeroso dentro de la Cámara baja. De esta manera, podríamos seguir resistiendo e intentando impulsar una agenda progresista, que incluya la reforma militar y la destrucción de los monopolios de las grandes empresas. Sin embargo, el veredicto supone que un registrador global está dispuesto a recurrir a las instituciones tailandesas para preservar el poder y el estatus de la monarquía.
La agenda reformista de Move Forward y el carisma de su máximo líder, en 43 años, han encantado a millones de votantes molestos por la inestabilidad política que ha marcado las últimas décadas de este país del sudeste asiático de casi 72 millones de habitantes. En las elecciones generales de 2023, el Partido encabezado por Pita obtuvo 151 de los 500 votantes de la Cámara Baja, la mayor cantidad entre todos los partidos. Move Forward insistió en que no pretende causar daño a la monarquía, ya que ésta no se involucra en política y no es explotada de manera partidista; pero los senadores, cuando la Constitución de 2017 quitó el poder a los candidatos a primer ministro, recuperaron el nombramiento de Pita al considerarlo dispuesto a atacar al Ejército, la Casa Real y las élites.
El caso de Move Forward no es aislado. En 2020, el Tribunal Constitucional ordenó la disolución de su predecesora, Future Forward, bajo la acusación de haber recibido un préstamo ilegal. Esa formación obtuvo uno de los inesperados resultados de las elecciones de 2019, las primeras que convoca Tailandia en los últimos años, tras el choque de cinco del gobierno de una junta militar. La decisión provocó protestas masivas a favor de la democracia, encabezadas por una nueva generación de estudiantes activistas. Pido, por primera vez, que la monarquía devuelva cuentas.
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Desde entonces, activistas de derechos humanos y ONG han informado que las autoridades han hecho un uso extensivo de la ley de lesa majestad para juzgar a cientos de líderes de protestas y criminalizar el activismo pacífico. Más de 270 personas, incluso menos, fueron acusadas de victimizarla tras las manifestaciones.
El director general de Amnistía Internacional, Deprose Muchena, criticó estas medidas este miércoles en una sentencia de la Constitución, que considera «una decisión insostenible que revela el total desprecio de las autoridades por las obligaciones internacionales de Tailandia en materia de derechos humanos». Muchena tampoco ha «utilizado las leyes para intimidar y antagonizar a los críticos, defensores de los derechos humanos y políticos de la oposición» y se ha encaprichado con el hecho de que «los legisladores simplemente han cumplido con su deber de proponer leyes».
La disolución de Move Forward llega en un momento crucial de la política tailandesa, cuando las grietas se están haciendo evidentes en la frágil tregua entre el partido gobernante, Pheu Thai, de corte populista, y las altas esferas apoyadas por los militares. De hecho, el Pheu Thai ha tenido tradicionalmente el mayor impacto en el destino del poder: cuatro de sus primeros ministros fueron destituidos por golpes de Estado y jueces corruptos, y tres partidos de aquellos que son heredados fueron destituidos en los tribunales. La situación se complica aún más la próxima semana, cuando el Tribunal Constitucional decidirá sobre el futuro de la actual primera ministra, Srettha Thavisin, acusada de nombrar a un abogado con antecedentes penales para su gabinete. Si es destituido, el Parlamento tendrá que votar uno nuevo primer ministro.
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