La Agencia Tributaria afronta una nueva sacudida interna tras conocerse el relevo de dos de sus altos cargos más relevantes: Virginia Muñoz Fernández, directora del Departamento de Recaudación, y Manuel Trillo Álvarez, director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Ambos movimientos se producen en un momento especialmente sensible para el organismo, marcado por la salida de Soledad Fernández Doctor como directora general y por el creciente ruido político en torno al denominado caso Zapatero.
Los recientes movimientos en la cúpula de la AEAT se producen después de que el juez del caso Plus Ultra brindara a Hacienda la opción de intervenir como posible afectada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros, una decisión que ha incrementado la presión sobre el organismo tributario al poder implicar efectos significativos en la evolución judicial del caso.
Aunque Hacienda sostiene que los relevos obedecen a razones estrictamente profesionales y a movimientos organizados con antelación, la simultaneidad de los cambios ha avivado fuertes suspicacias tanto en la oposición como entre la ciudadanía. Que las salidas se produzcan justamente en dos áreas neurálgicas —Recaudación e Inspección— ha reforzado la percepción de que la Agencia Tributaria podría estar atravesando una crisis interna de mayor profundidad.
En este escenario, la salida de Muñoz y Trillo se suma a la duda sobre la postura que finalmente asumirá Hacienda en el procedimiento vinculado con Zapatero, ya que persiste la incógnita de si la Agencia Tributaria actuará o no como parte perjudicada, una decisión que ha elevado estos ajustes internos a un asunto de notable relevancia política e institucional.
La sospecha de motivación política aparece por la coincidencia temporal de diversos elementos; en primer lugar, la marcha de Fernández se hace pública justo después de que el juez del caso Plus Ultra planteara a Hacienda la posibilidad de personarse como parte perjudicada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros, según reveló The Objective.
Segundo, el Partido Popular había ampliado el plan de trabajo de la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI y había citado a Soledad Fernández para comparecer el 13 de julio y explicar la posición del fisco. El PP sostiene que la marcha busca evitar o condicionar esa comparecencia, aunque también ha avisado de que debería acudir aunque deje el cargo.
Tercero, la salida no solo alcanzaría a la directora general, sino que también repercutiría en dos áreas esenciales: Recaudación e Inspección, unidades estrechamente vinculadas con la capacidad de la Agencia para gestionar cobros, indagar posibles fraudes y intervenir o participar en procedimientos con repercusión fiscal. Esta simultaneidad refuerza la percepción de una “renuncia masiva” o de una crisis en la dirección.
