La pieza SEPI del caso Leire vuelve a apuntar hacia ENUSA, una de las entidades públicas que forma parte del perímetro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En esta ocasión, la atención se centra en Rosario Arévalo Sández, quien desempeña el cargo de directora corporativa en ENUSA y anteriormente fue consejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha, siendo citada como investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de una causa que investiga presuntos amaños en operaciones relacionadas con empresas públicas.
Junto a otros funcionarios y exdirectivos de instituciones públicas, su denominación figura en una investigación que examina potenciales infracciones relacionadas con tráfico de influencias, malversación de fondos, prevaricación, conformación de organizaciones o grupos criminales y aprovechamiento indebido de información confidencial. La convocatoria de Arévalo no constituye una sentencia condenatoria ni implica responsabilidad penal, aunque lo somete a la vigilancia de los tribunales en una de las ramificaciones más sensibles del caso Leire: aquella que impacta a empresas vinculadas a la administración estatal.
Rosario Arévalo no es una figura irrelevante dentro del sector público. Su trayectoria combina responsabilidades políticas y cargos en empresas públicas. Fue consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y posteriormente ocupó puestos de responsabilidad en ENUSA, compañía estratégica dedicada al suministro de combustible nuclear y a servicios tecnológicos e industriales. Precisamente por ese perfil, su presencia entre los investigados eleva el impacto político de la causa.
La investigación trata de determinar si determinadas operaciones vinculadas a ENUSA y a otras entidades del entorno SEPI pudieron estar condicionadas por una red de influencias. Según las informaciones publicadas, los investigadores sospechan que el grupo situado alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso habría intervenido en distintas operaciones con empresas públicas para obtener comisiones o ventajas económicas. En ese mapa, ENUSA figura como una de las sociedades bajo examen.
El núcleo de la sospecha trasciende una mera acción administrativa específica, abarcando la probabilidad de que funcionarios o líderes organizacionales con disponibilidad a información confidencial hubiesen podido suministrar datos, facilitar relaciones o proporcionar acceso a intereses de índole privada. Esta constituye la faceta más delicada de la investigación: el potencial aprovechamiento de organismos estatales en calidad de instrumentos de poder destinados a operaciones desvinculadas del bien común.
Arévalo aparece vinculada a ENUSA en una etapa en la que la compañía forma parte del conjunto de entidades observadas por la Audiencia Nacional. La causa no se limita al rescate de Tubos Reunidos, aunque esa operación sea uno de los ejes principales, sino que se extiende a otros posibles movimientos en Mercasa, ENUSA, Forestalia, el Parque Empresarial Principado de Asturias y otras sociedades relacionadas con la SEPI.
El hecho de que una directiva corporativa de ENUSA esté investigada obliga a aclarar cuál fue su papel exacto en los hechos. La instrucción deberá determinar si intervino en alguna operación bajo sospecha, si tuvo conocimiento de gestiones irregulares, si facilitó información sensible o si su citación responde a la necesidad de reconstruir el funcionamiento interno de la compañía en relación con las actuaciones investigadas.
Desde una perspectiva institucional, el caso es especialmente incómodo. ENUSA gestiona actividades de alto valor estratégico para el Estado, y cualquier sombra sobre su gobernanza deteriora la confianza en el sistema de control de las empresas públicas. Cuando una directiva de este nivel termina citada como investigada en una causa sobre presuntos amaños, la pregunta es inevitable: ¿funcionaron correctamente los filtros internos o existieron espacios opacos donde pudieron actuar intermediarios con conexiones políticas?
La acusación contra Rosario Arévalo intensifica aún más la dimensión política de este asunto, al incorporar otro nombre vinculado a un pasado institucional de orientación socialista a un elenco que ya comprende personalidades de alto rango, antiguos directivos y titulares de cargos en organismos de carácter público. Dicha concentración de imputados refuerza la idea de que la pieza SEPI constituye mucho más que un hecho puntual, revelándose como una pesquisa cuyas ramificaciones se extienden profundamente a través de la compleja red público-empresarial.
El caso Leire ha dejado de ser una investigación sobre intermediarios y conversaciones oscuras. Con nombres como el de Rosario Arévalo, la causa entra de lleno en el corazón de las empresas públicas. Y cuando el sector público empresarial aparece bajo sospecha, el silencio ya no es una opción aceptable.
Procedencia: El País, RTVE, Onda Cero, El Economista, Diario de Sevilla y Europa Press.
