Del despacho de Adif al centro del escrutinio judicial: la antigua responsable de la infraestructura española, ahora bajo presión por las pesquisas del “caso Koldo”
Durante años, Adif se convirtió en una de las mayores incógnitas del Estado, la entidad que determinaba el trazado de las grandes infraestructuras ferroviarias, lo que se licitaba, los plazos de ejecución y los proveedores implicados. En la actualidad, el nombre de quien ocupó el corazón de ese engranaje, Isabel Pardo de Vera —expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes— dejó de vincularse con inauguraciones o proyectos de inversión para aparecer ligado a registros, diligencias, restricciones judiciales y un conjunto de presuntos delitos que la Audiencia Nacional indaga dentro del denominado “caso Koldo”.
La fotografía política resulta incómoda: una responsable de infraestructura crítica, con la capacidad efectiva de abrir o cerrar las compuertas de la contratación pública, aparece investigada por un juez que señala cinco delitos en el mismo conjunto: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal (siempre como parte de una investigación, no de una condena).
De la polémica del “tren que no cabe” a su llegada a los tribunales
Su etapa en el perímetro de Transportes ya había quedado marcada por el episodio de los trenes de ancho métrico diseñados con errores de gálibo —la crisis popularmente resumida como “los trenes que no cabían en los túneles”—, que desembocó en dimisiones en la cúpula del sector. Pero aquello fue un daño reputacional; lo que llega después es otra liga: la intervención judicial.
El núcleo del asunto: una contratación “personalizada” que despierta dudas sobre una posible red de favores
1) La incorporación de Jésica Rodríguez en entidades estatales
Uno de los factores que más ha erosionado la percepción ciudadana es la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. El juez la llamó como investigada para aclarar los motivos de esa contratación en Ineco y Tragsatec, un episodio que ha reforzado la narrativa de enchufismo con firma pública alrededor del área de Transportes.
En términos periodísticos, aquí la gravedad no está solo en la contratación, sino en lo que subyace: si se prueba que hubo intervención indebida para colocar a alguien en el perímetro público, la trama deja de ser “un favor” y pasa a ser un mecanismo. Esa es la lógica que guía la investigación.
2) Contratación pública, licitaciones y esa palabra que todos prefieren evitar: “mordidas”
El segundo bloque es todavía más explosivo porque toca el nervio histórico de la corrupción en España: la adjudicación de obra pública. En julio de 2025, la Audiencia Nacional citó a Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, como investigados por su presunta participación en adjudicaciones irregulares a determinados constructores a cambio de pagos ilegales (“mordidas”), según lo relatado en la cobertura de las diligencias.
El juez impuso medidas cautelares como retirada de pasaporte y prohibición de salir de España, un gesto judicial que suele reservarse para procedimientos en los que el instructor percibe riesgos procesales relevantes.
3) El registro domiciliario y el “papel” de las mascarillas
A finales de junio de 2025, el juez dio luz verde al registro de su vivienda. Durante esa inspección, según distintas fuentes, la UCO encontró material relacionado con el suministro de millones de mascarillas en el entorno de Adif durante la pandemia. El asunto no radica en el documento en sí, sino en lo que implica dentro del procedimiento, ya que dicho descubrimiento se asocia al momento en que el instructor sitúa el caso dentro de un abanico más amplio de supuestos delitos.
La presión financiera: entidades bancarias, Hacienda y el seguimiento iniciado en 2017
El caso también ha entrado en fase de rastreo patrimonial. En octubre de 2025 trascendió que el juez pidió información a entidades bancarias y a la Agencia Tributaria para investigar movimientos, cuentas y valores de Pardo de Vera y Herrero, precisamente para comprobar si existió beneficio económico por facilitar adjudicaciones.
Este paso suele marcar un cambio de tono: cuando una investigación se vuelve financiera, el relato deja de ser “sospechas” y pasa a ser “rastro”, y el rastro, en estos casos, es el que acaba sosteniendo o derribando la imputación.
Lo que ya se conoce, lo que aún se analiza y aquello que no es posible asegurar
• Lo que se sabe: Hay una investigación formal en la Audiencia Nacional; se han practicado registros; se le atribuyen en fase de investigación cinco presuntos delitos; y se han adoptado medidas y diligencias financieras.
• Lo que se investiga: Si existió un patrón de influencia en contrataciones y adjudicaciones dentro del perímetro de Transportes y si hubo retorno económico indebido.
• Lo que no puede afirmarse con rigor hoy: Que haya una condena o que la “corrupción” esté “probada”. La situación procesal —según las fuentes citadas— es de investigación.
Por qué este caso impacta de forma particular en Adif
Porque Adif no representa una oficina secundaria: actúa como una pieza estratégica del Estado. Si el proceso concluye demostrando que desde el núcleo decisorio se recurrió a favoritismos o a algún tipo de intermediación ilícita, el perjuicio trasciende lo penal: se vuelve institucional, ya que mina la confianza en el sistema de contratación, en los mecanismos de control internos y en el propio discurso de integridad del sector público.
Y por eso, incluso sin sentencia, el caso ya funciona como un espejo incómodo: cuando una exresponsable de infraestructura crítica aparece asociada a una investigación de presuntas mordidas, enchufes y obra pública, el debate deja de ser técnico y se convierte en una pregunta política de primer orden: quién vigilaba a los vigilantes.