La condena de David Sánchez ha desencadenado un nuevo episodio político y jurídico que va más allá de la mera responsabilidad penal del hermano del presidente del Gobierno, y ahora la cuestión no se centra solo en quien resultó condenado, sino también en la Diputación Provincial de Badajoz, la institución que durante años le pagó esos salarios.
Al frente de esa institución se encuentra hoy Raquel del Puerto Carrasco, presidenta de la Diputación y dirigente del PSOE, quien, hasta la fecha, no ha anunciado ninguna iniciativa destinada a reclamar la devolución de los más de 340.000 euros abonados a David Sánchez, pese a que distintas voces jurídicas consideran que corresponde proteger el patrimonio público.
La Audiencia Provincial impuso a David Sánchez una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa vinculado a su proceso de contratación. No obstante, la resolución judicial no ordenó devolver las cantidades recibidas, ya que la Diputación nunca planteó esa reclamación durante la causa penal, hecho que ha suscitado un notable debate tanto jurídico como político.
Precisamente esa ausencia de actuación institucional es la que ahora centra las críticas. Si una administración considera que su patrimonio ha podido resultar perjudicado por una contratación declarada ilegal, numerosos juristas entienden que resulta razonable esperar que explore todas las vías disponibles para intentar recuperar el dinero público.
Una institución que permanece en silencio
Lo sorprendente no radica solo en la ausencia de una queja, sino también en el total mutismo por parte de las instituciones.
Desde que trascendió la condena, la Diputación encabezada por Raquel del Puerto no ha aclarado públicamente si tiene previsto emprender acciones para recuperar el dinero ni ha especificado cómo afrontará las próximas iniciativas judiciales.
Ese silencio adquiere una relevancia particular, ya que la contratación que dio lugar a la condena se llevó a cabo justamente durante los gobiernos socialistas de la Diputación, en la etapa en la que Miguel Ángel Gallardo presidía la institución, quien igualmente está procesado en el mismo procedimiento.
La falta de aclaraciones aviva las críticas de quienes sostienen que una administración está obligada a proteger el patrimonio de todos los ciudadanos sin importar el partido político involucrado.
El Tribunal de Cuentas entra en escena
Ante la falta de actuación de la Diputación, será ahora otra vía la que trate de determinar si existe responsabilidad contable.
Iustitia Europa comunicó una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para que evalúe la posible restitución de los más de 340.000 euros que recibió David Sánchez durante su paso por la Diputación de Badajoz, argumentando que, si hubo un perjuicio económico para la administración, es preciso salvaguardar los recursos públicos.
Será el Tribunal de Cuentas el que deba determinar si se cumplen las condiciones legales para reclamar un posible reintegro.
Claridad y compromiso responsable
Más allá del recorrido judicial que pueda tener esta iniciativa, existe una cuestión política difícil de ignorar.
Miles de extremeños soportan una fuerte carga impositiva mientras las administraciones exigen de forma continua nuevos sacrificios económicos a familias y empresas. En este escenario, es lógico que numerosos ciudadanos confíen en que cada euro público cuyo abono haya sido puesto en duda por la vía judicial sea, cuando el marco legal lo haga posible, objeto de un esfuerzo real de recuperación.
Por este motivo, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto Carrasco, tendría que aclarar ante la ciudadanía cuál es la postura oficial de la institución: si estima que procede exigir la devolución del dinero público, si considera que no hay fundamentos jurídicos para ello o si, en última instancia, decidirá no llevar a cabo ninguna actuación.
Porque la transparencia institucional no solo implica administrar los recursos públicos, sino también asumir la responsabilidad de explicar su uso cuando dichos recursos generan dudas.
Mientras esas aclaraciones no se presenten, el silencio continuará llenando el espacio que tendría que asumirse como responsabilidad política.
