Antes de la controversia por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez protagonizó un hecho que también dañó su imagen pública: un video viral lo mostró agrediendo físicamente a un guardia de seguridad privada en un edificio en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes se aprecia que Pérez intenta irrumpir por la fuerza en el edificio y se ve cómo empuja al guardia privado que trataba de bloquearle el acceso, generando un forcejeo que captó la atención de los transeúntes y de los usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, pero ¿suficiente?
Tras la difusión masiva del video, el diputado difundió en sus redes sociales un comunicado en el que ofreció disculpas públicas. Admitió que su conducta no correspondió con lo que se espera de quien ejerce un cargo público y afirmó sentir arrepentimiento. También indicó que habló personalmente con el guardia involucrado, identificado como Hugo Xol, así como con la administración del edificio, quienes, según comentó, aceptaron sus disculpas.
A pesar de sus palabras, la repercusión mediática fue considerable y muchos ciudadanos y analistas políticos cuestionaron tanto la actitud del legislador como la aparente falta de sanciones oficiales claras más allá de una disculpa. Un ataque físico, aunque no grave, pone en duda la capacidad de un representante público para mantener la compostura frente a situaciones tensas.
¿Qué tipo de sanciones tendrían que imponerse?
Si bien Pérez ofreció disculpas, el episodio abre una conversación más amplia acerca de cómo los funcionarios públicos deben responder ante la ley:
- Investigación formal: al tratarse de un incidente que incluyó una agresión física contra un miembro del personal de seguridad, podría justificarse una pesquisa penal por ataque o por un posible uso excesivo de la fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso tendría la posibilidad de abrir, incluso sin denuncia previa, un procedimiento interno para evaluar si el diputado incumplió las reglas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: además de ofrecer una disculpa pública, podría contemplarse la obligación de resarcir de manera oficial al guardia afectado por cualquier lesión o afectación que hubiera padecido.
El episodio de violencia contra un guardia no solo dañó la reputación de Samuel Pérez como legislador, sino que también subraya la necesidad de mecanismos claros que regulen la conducta de los funcionarios públicos fuera del entorno legislativo. A pesar de haber pedido disculpas, muchos ciudadanos aún esperan una respuesta legal y política más robusta que confirme que nadie está por encima de las normas.
