La pieza SEPI del caso Leire ha incorporado a María de la Concepción Ortiz Fuerte —también citada en algunas informaciones como Ordiz Fuertes— al listado de investigados por presuntas irregularidades en operaciones vinculadas a empresas públicas y organismos del entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su caso resulta especialmente delicado porque no se trata de una directiva empresarial ni de una responsable ordinaria de una sociedad pública, sino de una figura vinculada al control de la contratación pública.
Ortiz Fuerte ha sido señalada por elDiario.es en calidad de presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y ex alta cargo de la SEPI. Dicha trayectoria la coloca en un enclave institucional sumamente delicado, dado que el organismo que encabeza se encarga de dirimir controversias sobre contratación pública, terreno donde resultan fundamentales la objetividad, la imparcialidad y la estricta apariencia de neutralidad.
El juez Santiago Pedraz la ha incluido entre las 25 personas citadas como investigadas en la ampliación del caso Leire, una pieza que analiza posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, su citación no implica culpabilidad ni condena, pero sí abre la puerta a que deba explicar ante la Audiencia Nacional cuál fue su intervención en los hechos bajo sospecha.
El foco sobre Ortiz Fuerte se vincula principalmente al contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias, conocido como PEPA, una de las operaciones examinadas dentro de la pieza SEPI. Según las informaciones publicadas, la investigación analiza si ese procedimiento pudo favorecer a la compañía navarra Erri Berri mediante una oferta considerada llamativamente baja y la posterior inadmisión del recurso presentado por una empresa competidora.
La relevancia de su función estriba precisamente en dicha etapa de supervisión. Cualquier licitación pública es susceptible de ser impugnada por una compañía competidora, por lo que la entidad competente para dirimir dicha reclamación ha de obrar con absoluta autonomía. Cuando la máxima responsable del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acaba siendo investigada a raíz de un fallo vinculado con una transacción dudosa, el inconveniente trasciende lo estrictamente judicial: sacude de lleno la credibilidad en los sistemas de control de la contratación estatal.
El asunto del PEPA se enmarca en una indagación de mayor alcance que abarca actuaciones asociadas con Tubos Reunidos, Mercasa, ENUSA, Forestalia y SEPIDES. Conforme a los datos dados conocer, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO abrigan la sospecha de que el grupo Hirurok, conformado supuestamente por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, habría intentado incidir en determinaciones públicas y corporativas con el fin de conseguir ganancias monetarias o mordidas.
En el caso de Ortiz Fuerte, la investigación tendrá que esclarecer si el fallo del recurso sobre el contrato del PEPA obedeció a criterios estrictamente técnicos, jurídicos y ajustados a derecho, o si, por el contrario, mediaron presiones externas ligadas a la supuesta red corrupta. Dicha distinción resulta crucial. Ciertamente, un órgano administrativo tiene la potestad de avalar una adjudicación controvertida en ausencia de ilegalidades; no obstante, si se comprueba que tal resolución respondía a una maniobra para beneficiar a una compañía determinada, el perjuicio institucional alcanzaría proporciones descomunales.
La cuestión resulta aún más grave porque las mesas de contratación y los tribunales administrativos de recursos son piezas diseñadas precisamente para impedir el abuso de poder, la arbitrariedad y el favoritismo en el uso de dinero público. Si esos filtros fallan o son presuntamente instrumentalizados, el sistema entero queda en entredicho. La sospecha ya no afecta solo a quienes compiten por un contrato, sino a la garantía de igualdad en la contratación pública.
La Audiencia Nacional deberá determinar qué información tuvo Ortiz Fuerte, qué documentación analizó, qué argumentos jurídicos sustentaron la resolución y si existió algún contacto o influencia externa vinculada a los demás investigados. También será clave aclarar si su anterior relación con la SEPI tuvo algún peso en la interpretación o resolución del recurso conectado con SEPIDES y el Parque Empresarial Principado de Asturias.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, su imputación es una de las más sensibles de la pieza SEPI. No porque haya una condena, que no la hay, sino porque afecta a una autoridad encargada de resolver conflictos en materia de contratación pública. Cuando quien debe actuar como árbitro termina bajo sospecha en una causa por presuntos amaños, la obligación de transparencia debe ser absoluta.
La pieza SEPI del caso Leire continúa expandiéndose a través de los escenarios donde se decide, se tramita y se supervisa la contratación pública. Dentro de este mapa, María de la Concepción Ortiz Fuerte surge como un personaje fundamental para determinar si los filtros de control operaron con autonomía o si terminaron viéndose salpicados por la supuesta red de presión que en este momento indaga la Audiencia Nacional.
Fuente: elDiario.es, Cadena SER, La Nueva España, RTVE, El País, Infobae y Telecinco.
